ANÁLISIS LEGISLATIVO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Siete años por una parodia

Por Hugo Falcón Páez, y Redacción de FalcotitlanMX y Falcoatl MULTIMEDIOS

Reformas sobre propiedad industrial e inteligencia artificial abren debate sobre parodia, periodismo y libertad de expresión

Dos propuestas legislativas relacionadas con la protección de derechos de propiedad industrial y la regulación de contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial han colocado en el centro del debate los límites entre la protección jurídica de signos oficiales, la responsabilidad por contenidos digitales y el ejercicio de la libertad de expresión.

En el Senado se discute una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, de acuerdo con la versión del proyecto cuestionada públicamente, incorpora un supuesto sancionable relacionado con el uso, reproducción o imitación de la identidad gráfica del Gobierno. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo el 22 de septiembre que el artículo 403 Bis contemplaría penas de tres a siete años de prisión y advirtió que el texto no establece de manera expresa una excepción para periodistas o parodias. Esa caracterización corresponde al legislador citado y deberá contrastarse con la versión definitiva del dictamen y con el texto que eventualmente sea aprobado.

El planteamiento de Anaya es que la ausencia de una excepción explícita podría generar incertidumbre sobre el alcance de la norma cuando una representación gráfica oficial sea utilizada con fines informativos, satíricos o de crítica política. El legislador pidió que el texto incorpore expresamente salvaguardas para el periodismo, la parodia y la libertad de expresión.

En paralelo, la Cámara de Diputados analiza disposiciones relacionadas con contenidos digitales alterados o generados mediante inteligencia artificial. Entre las propuestas que han circulado se encuentran sanciones vinculadas con la difusión no consentida de imágenes, audios u otros materiales manipulados. La discusión legislativa se inserta en un problema más amplio: cómo establecer responsabilidades frente a contenidos sintéticos sin convertir una regulación contra daños concretos en una restricción desproporcionada de expresiones legítimas.

En la Gaceta Parlamentaria existen iniciativas que plantean incorporar delitos específicos relacionados con memes, stickers y otros contenidos generados o manipulados con IA cuando afecten derechos como la dignidad, el honor o la vida privada. Una iniciativa publicada en 2025, por ejemplo, propuso adicionar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal y justificó la intervención penal en casos de contenido creado o difundido sin consentimiento. Se trata de propuestas legislativas y no de una norma federal vigente por el solo hecho de haber sido presentadas.

El argumento de armonización con el T-MEC forma parte de la discusión sobre propiedad intelectual. La legislación mexicana en materia de propiedad industrial fue diseñada, entre otros objetivos, para adecuar el marco nacional a compromisos internacionales relacionados con patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y otros derechos. El Senado ha documentado ese vínculo desde la aprobación del marco de propiedad industrial en 2020.

Sin embargo, la existencia de una obligación internacional en materia de propiedad intelectual no permite asumir, por sí sola, cuál debe ser el alcance de cada disposición penal propuesta. La cuestión jurídica central es determinar qué conducta pretende sancionar el legislador, cuál es el bien jurídico protegido, qué elementos deben acreditarse para configurar el delito y qué excepciones o salvaguardas incorpora finalmente el texto.

La discusión jurídica: qué conducta se sancionaría y bajo qué condiciones

Desde una perspectiva técnica, el debate no debería reducirse a la oposición entre 'protección de marcas' y 'libertad de expresión'. El análisis requiere revisar al menos cinco elementos: la definición legal de identidad gráfica o signo oficial; la conducta exacta que constituiría infracción o delito; la exigencia de intención o conocimiento; las sanciones aplicables y sus circunstancias; y las excepciones destinadas a proteger usos informativos, académicos, artísticos, satíricos o de crítica.

También resulta relevante distinguir entre una norma aprobada y una propuesta en trámite. Los dictámenes e iniciativas pueden modificarse durante el proceso legislativo y su alcance definitivo sólo puede determinarse a partir del texto aprobado, promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.